Que cualquier cargo público, sea de las AAPP, poder judicial o de incluso de la sociedad civil, demuestre tener capacitación digital mínima (haber cursado y logrado alguno de los muchos cursos y masters que podrían homologarse con este fin) para poder seguir ejerciendo su función a partir del 2020.
O tenemos líderes formados y capacitados en comunicación, colaboración y operativa digital o no será posible que esta visión y dominio d esta nueva era drene hacia el resto de la sociedad española.
