El fenómeno de las fake news constituye un gran peligro para la democracia, y asimismo tiene un importante impacto e influencia, como por ejemplo hemos visto en recientes episodios electorales, sobre la opinión pública; al basar su acción en la construcción de historias sobre falsedades y su difusión viral a través de canales de comunicación de masas (redes sociales y demás plataformas digitales).
Las Administraciones Públicas, a la hora de generar y difundir información sobre su actividad (recogida en el derecho constitucional de los ciudadanos -art 20.3 CE- de recibir información veraz por parte de los poderes públicos) pueden y deber evitar la difusión de estos bulos con el desarrollo de ciertos mecanismos, y en todo caso sin obstruir la separación de poderes y la labor que la Justicia pueda jugar en ello.
No hay mejor defensa que la transparencia. Por eso las AA.PP. deberían fomentar su estrategia de datos abiertos y el desarrollo de portales digitales de transparencia sobre su actividad, de cara a que los ciudadanos puedan contrastar estos bulos con datos reales y oficiales que los desmonten.
Este mecanismo podría completarse con el desarrollo de protocolos y planes de comunicación a la ciudadanía específicos de cara a la gestión de crisis sobre estas posibles injerencias, y que se desarrollen tanto sobre nuevos canales y medios como sobre aquellos tradicionales, a través de figuras como los comunicados de prensa o las ruedas de prensa de portavoces.
